Oct 29, 2024 | Flash Fiscal
Como cada año, con fecha 30 de noviembre, los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades (IS) y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) que actúen a través de un establecimiento permanente en España, y que realicen operaciones con entidades vinculadas, deberán presentar el Modelo 232.
Dicho Modelo deberá de considerar la información correspondiente en consistencia con las cuentas anuales y el informe de precios de transferencia. La presentación fuera de plazo supone la imposición de sanciones por parte de la Administración Tributaria.
Desde nuestro departamento de precios de transferencia dirigido por Arely Almaguer, te ayudamos en la preparación de la información para la presentación de dicho modelo.
Oct 10, 2024 | Flash Fiscal
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en su sentencia de 7 de junio de 2024, recuerda que la Administración debe probar la culpabilidad de las infracciones tributarias por el principio de presunción de inocencia e culpabilidad y, en este caso, ha manifestado que la Administración tributaria no puede fundamentar la sanción del contribuyente en el hecho de que sea abogado y se presente en LinkedIn como profesor de derecho tributario.
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Oct 8, 2024 | Flash Fiscal
El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha emitido una resolución de fecha 24 de septiembre de 2024, en unificación de criterio, en la que considera que cuando una persona jurídica designa a una persona física, que es consejero o administrador de la misma, en condición de administradora de una sociedad participada, las funciones ejecutivas que desempeña la persona física en la sociedad participada no se pueden entender subsumidas en el cargo de consejero o administrador de la primera sociedad, sino que se trata de funciones realizadas al margen y fuera de las funciones de ese cargo.
En base a esta doble calificación de sus funciones el TEAC entiende que los servicios prestados por una persona física designada por una persona jurídica como administrador de una sociedad participada no se corresponden con la retribución por el ejercicio de sus funciones de consejero o administrador de la primera persona jurídica y, al no resultar de aplicación la salvedad contenida en el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, los servicios prestados por la persona física a la sociedad por él administrada (y administradora de otra persona jurídica) deben calificarse como operación vinculada, cuya valoración debe ajustarse al valor normal de mercado.
En nuestra opinión se trata de un criterio muy discutible, pero que está siendo aplicado hoy en día por la Inspección, por lo que cabrá revisar aquellas estructuras existentes de administración de compañías que puedan estar en esta situación, teniendo en cuenta además la posible incidencia en los requisitos de exención de “empresa familiar” a afectos del Impuesto sobre el Patrimonio.
No obstante, cabe esperar que esta resolución sea recurrida, por lo que será la vía contencioso-administrativa la que acabe estableciendo el criterio sobre esta cuestión.
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Oct 3, 2024 | Flash Fiscal
Mediante auto de 26 de junio de 2024, el Tribunal Supremo ha admitido un recurso de casación donde deberá analizarse la validez de las modificaciones que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 introdujo en la Ley del Impuesto sobre Sociedades en relación con el cálculo de los pagos fraccionados y que supuso un incremento de los tipos de gravamen aplicables y la introducción de la obligación de realizar un pago mínimo, afectando a empresas y grupos fiscales con una cifra de negocios superior a 10 millones de euros durante el año anterior.
Esta cuestión tiene como antecedente la declaración de inconstitucionalidad y anulación del Real Decreto-Ley 2/2016, que introdujo esas mismas modificaciones en el cálculo de los pagos fraccionados sin respetar la prohibición Constitucional que impide que el deber de contribuir de los ciudadanos pueda regularse mediante un Real Decreto-Ley.
El planteamiento que se recoge en el auto de admisión del recurso de casación guarda relación con el supuesto resuelto entonces por el Tribunal Constitucional, si bien ahora deberá dilucidarse si las modificaciones realizadas en el cálculo de los pagos fraccionados podían acordarse en una Ley de Presupuestos Generales del Estado, teniendo en cuenta que el artículo 134.7 de la Constitución limita el alcance de las leyes presupuestarias en el ámbito tributario.
Por otra parte, también en relación con el cálculo de los pagos fraccionados, debe recordarse que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad acerca de si incremento de tipos y la obligación de efectuar un pago mínimo respetan el principio de capacidad económica previsto en el artículo 31.1 de la Constitución.
Dicha cuestión de inconstitucionalidad se encuentra a la espera de su admisión por el Tribunal Constitucional, por lo que habrá que estar atentos a futuras novedades que puedan producirse al respecto.
Nos encontramos, por tanto, ante dos controversias relacionadas con el cálculo de los pagos fraccionados que podrían dar lugar a la anulación de la norma que modificó su regulación en 2018, lo que permitiría recuperar el coste financiero que debieron asumir las empresas y grupos de empresas obligadas a aplicar los tipos incrementados o realizar el pago mínimo.
Accede al texto íntegro del auto admitiendo el recurso del Tribunal Supremo y la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana AQUÍ
Oct 1, 2024 | Flash Fiscal
La DGT, en su consulta vinculante V0784 de 17 de abril de 2024, ha recordado que la concesión de las “phantom shares” (participaciones teóricas basadas en la revalorización del capital social de la entidad) a favor de un directivo no genera un rendimiento del trabajo para éste, dado que en el momento de la concesión se genera tan sólo el derecho a recibir una retribución en el futuro.
El período en que se deben imputar como rentas del trabajo es aquel en que sean exigibles que, en el caso de la consulta, acontece en el evento de liquidez (adquisición del 100% de la compañía por un tercero), y dado que el período de generación no supera los dos años, no resulta de aplicación la reducción del 30%.
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Sep 26, 2024 | Flash Fiscal
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 7 de junio de 2024, ha afianzado el principio de “regularización íntegra”, en tanto entiende que en las actuaciones de comprobación la Administración debe considerar todas las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de la comprobación e investigación de ejercicios prescritos sobre ejercicios no prescritos.
En este caso, la Inspección determinó que la provisión por insolvencias registrada por una compañía en los ejercicios 2005 y 2007 no era deducible, ya que se correspondía con deudas que la sociedad no debía haber contabilizado como ingresos en ejercicios anteriores. Pues bien, en este caso la Administración debió corregir también la tributación de dichos ingresos, incluso si fueron registrados en ejercicios prescritos.
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