Mediante auto de 26 de junio de 2024, el Tribunal Supremo ha admitido un recurso de casación donde deberá analizarse la validez de las modificaciones que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 introdujo en la Ley del Impuesto sobre Sociedades en relación con el cálculo de los pagos fraccionados y que supuso un incremento de los tipos de gravamen aplicables y la introducción de la obligación de realizar un pago mínimo, afectando a empresas y grupos fiscales con una cifra de negocios superior a 10 millones de euros durante el año anterior.
Esta cuestión tiene como antecedente la declaración de inconstitucionalidad y anulación del Real Decreto-Ley 2/2016, que introdujo esas mismas modificaciones en el cálculo de los pagos fraccionados sin respetar la prohibición Constitucional que impide que el deber de contribuir de los ciudadanos pueda regularse mediante un Real Decreto-Ley.
El planteamiento que se recoge en el auto de admisión del recurso de casación guarda relación con el supuesto resuelto entonces por el Tribunal Constitucional, si bien ahora deberá dilucidarse si las modificaciones realizadas en el cálculo de los pagos fraccionados podían acordarse en una Ley de Presupuestos Generales del Estado, teniendo en cuenta que el artículo 134.7 de la Constitución limita el alcance de las leyes presupuestarias en el ámbito tributario.
Por otra parte, también en relación con el cálculo de los pagos fraccionados, debe recordarse que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad acerca de si incremento de tipos y la obligación de efectuar un pago mínimo respetan el principio de capacidad económica previsto en el artículo 31.1 de la Constitución.
Dicha cuestión de inconstitucionalidad se encuentra a la espera de su admisión por el Tribunal Constitucional, por lo que habrá que estar atentos a futuras novedades que puedan producirse al respecto.
Nos encontramos, por tanto, ante dos controversias relacionadas con el cálculo de los pagos fraccionados que podrían dar lugar a la anulación de la norma que modificó su regulación en 2018, lo que permitiría recuperar el coste financiero que debieron asumir las empresas y grupos de empresas obligadas a aplicar los tipos incrementados o realizar el pago mínimo.
Accede al texto íntegro del auto admitiendo el recurso del Tribunal Supremo y la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana AQUÍ
