Actualmente, la contratación vía electrónica mediante el comercio electrónico (e-commerce) ocupa una gran cuota de mercado, y según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) superó en España los 18.900 millones de euros en el tercer trimestre de 2022, un 28,8% más que el año anterior.
Este crecimiento tiene un gran impacto en los derechos de los consumidores y usuarios, regulados principalmente por el Real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley General por la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, de ámbito estatal y la Ley 22/2010, del 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, de ámbito autonómico.
Para velar por los derechos de los consumidores, y en cumplimiento de sus funciones, los órganos competentes en esta materia, entre otros la Agencia Catalana de Consumo, no solo actúan de oficio en el caso de una denuncia, sino que también llevan a cabo campañas de control en diferentes sectores, como en el de la contratación electrónica de productos y servicios. Solo dentro de esta campaña, durante el 2022 estaba previsto realizar actuaciones inspectoras con el objetivo de controlar un total de 200 webs.
Las infracciones en materia de consumo, ya sean sobre acciones u omisiones relacionadas con las transacciones comerciales, la regulación de los precios, la seguridad, la documentación o las condiciones del bien o servicio, pueden comportar sanciones económicas que pueden ir desde los 3.000€ hasta 1 millón de euros, en función de su gravedad.
Es por este motivo que desde Audiconsultores ETL GLOBAL queremos recordar a todos nuestros clientes que dispongan de un e-commerce la importancia de tener debidamente redactadas unas condiciones legales reguladoras de la contratación a distancia de sus productos y servicios, las cuales estén perfectamente alineadas con la citada normativa y especialmente con los derechos básicos de los consumidores y usuarios, siendo algunos de los aspectos más relevantes los relativos al derecho de información del consumidor, el derecho de dejación, las formas de pago, las devoluciones, las garantías, los servicios posventa y los mecanismos de resolución de conflictos.
