IS – Imputación fiscal de los impuestos declarados contrarios al Derecho comunitario

​La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo acaba de establecer una nueva doctrina en materia tributaria, reconociendo, en su sentencia de 12 de febrero de 2024, el derecho de un cliente nuestro a imputar en ejercicios prescritos los ingresos derivados de aquellas devoluciones del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) —conocido como céntimo sanitario— que la Administración tuvo que efectuar tras establecer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el tributo era contrario al derecho de la Unión.

Según la doctrina que ahora se sienta, “La devolución de un tributo efectuada por la Administración tributaria como consecuencia de ser contrario al Derecho de la Unión Europea debe imputarse temporalmente en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades (IS) del ejercicio en que se produjo el pago del tributo en cuestión.”

De este modo, se impide que los ingresos derivados de esas devoluciones puedan ser gravados, ya que deben incluirse en declaraciones del IS correspondientes a ejercicios que, al estar prescritos, no pueden ser revisados por la Administración Tributaria.  

El fallo desestima el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya dio la razón a nuestra representada, y rechaza las pretensiones de la Administración, interesada en que los ingresos correspondientes a esas devoluciones se declararan en los ejercicios en que fueron cobrados que, al ser posteriores y no estar prescritos, le habrían facultado a reclamar el IS correspondiente. 

Con su decisión, el Supremo concede el mismo tratamiento a las devoluciones de impuestos derivadas de la declaración de inconstitucionalidad de las normas tributarias y a aquellas que tienen lugar cuando se declara que una norma es contraria al derecho de la Unión. 

 

Novedades Fiscales 2024 – Incremento de la tributación para particulares y sociedades

​El 2024 arranca con importantes novedades en materia fiscal que, en general, comportaran una subida de la tributación y un incremento de las obligaciones formales para la mayoría de los contribuyentes.

En el ámbito del IRPF se minora la reducción por arrendamiento de vivienda, con carácter general, del 60 al 50 por ciento del rendimiento neto, si bien es cierto que, en determinados supuestos de contratos celebrados en zonas de renta tensionada, esta reducción podría verse incrementada hasta el 90 por ciento del rendimiento positivo. En este sentido, salvo en casos particulares, el consecuente incremento de la tributación para las personas físicas arrendadoras va en línea con las modificaciones que ya se introdujeron para las sociedades dedicadas al arrendamiento de vivienda en el ejercicio 2023, cuando se redujo la bonificación en el Impuesto sobre Sociedades del 85 al 40 por ciento.

Justamente las sociedades también se verán afectadas por el incremento de la tributación derivada de la implantación de la segunda fase del tipo mínimo efectivo del 15%. Si la novedad en 2023 fue la introducción de dicho tipo mínimo español para grupos fiscales y empresas de más de 20 millones de euros, este 2024 se espera que el gobierno español avance en la creación de un impuesto “complementario” que grave a un tipo mínimo del 15%, las rentas positivas obtenidas por todas las sociedades del grupo, con independencia de su lugar de residencia y sea o no la sociedad matriz del grupo residente en territorio español.

Además, con el cambio de año, la administración también ha aprovechado para incrementar el control sobre los contribuyentes introduciendo nuevos modelos informativos. En concreto, el 2024 comporta la entrada de nuevos modelos informativos relativos a criptoactivos y a venta de artículos a través de plataformas digitales.

Otra novedad importante deriva de la modificación del Reglamento de facturación que introducirá en los próximos meses la obligación de emitir facturas electrónicas a todas las entidades y autónomos, debiéndose remitir dichas facturas electrónicas a la administración tributaria en un breve periodo. De este modo, las sociedades deberán realizar un importante esfuerzo en digitalización para adaptar su operativa de facturación al nuevo entorno digital obligatorio.

Por último, si bien se mantiene para el ejercicio 2024 el Impuesto Temporal sobre Grandes Fortunas (tras su ratificación por parte del Tribunal Constitucional), se espera que a lo largo de las próximas semanas dicho Tribunal se pronuncie ahora en relación con el recurso de inconstitucionalidad del Impuesto sobre Patrimonio de los ejercicios 2021 y 2022, lo que podría suponer recuperar las cuotas pagadas para todos aquellos contribuyentes que hubieran impugnado las autoliquidaciones al tiempo de producirse el fallo de la sentencia.

Por ello, es importante revisar el impacto de estas novedades fiscales junto a la figura de un asesor fiscal que ayude a interpretar las leyes que regulan estas novedades para su posterior aplicación.

 

 

Planificación estratégica de M&A para operaciones de reestructuración

El inicio de un nuevo año siempre es un periodo de reflexión, renovación y cambios tanto en el ámbito personal como en el empresarial (¡o en ambos!). En este periodo de introspección, y tras una cuidadosa evaluación del cierre contable-fiscal y de los estados financieros puede surgir la decisión crucial de vender o restructurar la empresa: ya sea por motivos de carencia de sucesión, la recepción de una oferta de adquisición atractiva o por la saturación del mercado en el que se opera, aunque normalmente es el resultado de una combinación de varios factores-.

La decisión de vender una empresa requiere de una planificación estratégica de M&A para garantizar, no sólo una transacción financiera exitosa, sino también para prever y reducir riesgos con el objetivo de conseguir una transición fluida. Para ello se deberá contar con el apoyo de un asesor especializado en valoración de empresas y en asesoramiento en transacciones de M&A que nos acompañe a lo largo de todo el proceso.

Para iniciar el procedimiento, en primer lugar, se debe definir una estrategia de transición con el acompañamiento del consultor estratégico especialista en M&A:

Management Buyout (MBO): Transferir la propiedad a empleados de alta dirección a través de un plan de sucesión.
Sucesión familiar: definición de un plan detalle de transición para el traspaso del negocio a un familiar.
Employee Stock Ownership Plan (ESOP): Implementación de un plan de sucesión mediante el cual los empleados puedan adquirir gradualmente la propiedad de la empresa.
Venta a un tercero: competidor, inversor o fondo de inversión.

En segundo lugar, se debe determinar el Enterprise Value o el Valor de la Compañía. A pesar de que de la experiencia o de la información del sector se pueda tener una idea del valor del negocio lo recomendable es realizar una valoración de mercado del negocio que analice cuidadosamente las variables que permiten determinar una horquilla de precios de la operación.

Esta fase preliminar implicará, además de la valoración de la Compañía:

(I) La preparación y revisión de documentación económico-financiera, fiscal, laboral y legal
(II) Análisis de la estructura organizativa
(III) La identificación de posibles áreas de mejora.

Todo ello a través de la realización de una Vendor Due Diligence que nos permitirá identificar los riesgos de la Compañía y minimizarlos.

Esta planificación estratégica de M&A maximizará el valor de la empresa y asegurará el éxito de la futura transacción en la siguiente fase: la búsqueda de potenciales compradores.

 

Liderazgo y Estrategia: Pilares de la Transformación Digital en las Empresas

La transformación digital debe ser uno los retos continuos del tejido empresarial español. Sin lugar a duda, la situación excepcional que vivimos a causa de la pandemia del COVID-19 nos hizo comprender el papel principal que ostenta la tecnología en nuestras organizaciones. No obstante, ese hecho fue sólo la punta del iceberg: la revolución digital es imparable.

En el contexto actual en el que la digitalización incorpora conceptos como Blockchain o la -ya conocida- Inteligencia Artificial, las compañías pioneras en incorporar estas nuevas tecnologías tendrán grandes beneficios en todos y cada uno de sus ámbitos organizacionales: 

  • Aumento de la eficiencia interna.
    • Automatización de tareas y gestión de la documentación
    • Mayor precisión y reducción de errores
    • Mayor seguridad de datos.
    • Adaptación a las demandas cambiantes del mercado
  • Ventajas competitivas
    • Mejorar la experiencia del cliente mediante una comunicación más efectiva y conveniente.
    • Seguimiento de los proyectos a tiempo real.
    • Posibilidad de ofrecer una mayor personalización de servicios a cada cliente.
  • Consecución de un crecimiento sostenible a través la reducción de recursos y eficiencia energética.

La transformación digital en una empresa debe liderarla la Alta Dirección, dotando de los medios necesarios a sus equipos para, mediante la búsqueda de soluciones tecnológicas que se adapten a sus necesidades y expectativas estratégicas, faciliten y doten de eficiencia a todas las divisiones de su organización.

No obstante, la clave del éxito del proyecto de transformación digital dependerá del compromiso y colaboración de todos los implicados en el proceso, así como de una correcta definición del periodo de adaptación mediante formaciones y apoyo a los equipos.  

Se entiende que la transformación digital es un viaje que cada empresa debe emprender para mantener su competitividad en un entorno empresarial en constante cambio.

Sabemos que cada organización es única, y no existe un enfoque único para la transformación digital. Es precisamente por eso que ante cualquier proyecto adoptamos un enfoque personalizado y colaborativo para garantizar que cada paso del camino nos llevé al éxito.

Por ello, es importante la figura de un asesor con un expertise transversal, experiencia y conocimiento técnico que ayude a detectar deficiencias en los actuales circuitos internos y proponga mejoras desde una visión tecnológica. Además de que intermedie con el “integrador” para asegurar el cumplimiento de cada uno de los hitos y asegurar el éxito del proyecto.

 

Novedades en Seguridad Social internacional para los trabajadores desplazados

​Desde la implementación de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 27 de enero de 1982, hasta el día de hoy, el Global Mobility ha ido creciendo considerablemente. El constante crecimiento del desplazamiento de trabajadores al extranjero, la movilidad internacional como prácticas habituales en las empresas y los diversos acontecimientos que han ocurrido a lo largo de estos últimos años, han convertido muchos de los preceptos incluidos en la citada norma, en obsoletos.

Es por ello, que después de más de cuarenta años, se ha llevado a cabo una nueva regulación en este ámbito que entró en vigor el 1 de noviembre 2023. Se trata de la “Orden ISM/835/2023, de 20 de julio, por la que se regula la situación asimilada a la de alta en el sistema de la Seguridad Social de las personas trabajadoras desplazadas al extranjero al servicio de empresas que ejercen sus actividades en territorio español”.

La norma abarca la regulación de los desplazados cuando estos se ven obligados, de acuerdo con la normativa del país de destino, a romper su afiliación con la Seguridad Social española, para continuar cotizando en España. Los nuevos supuestos de situación asimilada a la de alta, que se aplican a los trabajadores desplazados son:

  • A países sin convenio bilateral
  • A países con convenio bilateral, pero sin cobertura subjetiva (como pueden ser Chile, Filipinas, México, Marruecos, Ucrania, Rusia…)
  • A países con convenios bilaterales que no contemplan la figura del desplazamiento
  • Que han agotado el Convenio bilateral por el tiempo máximo de desplazamiento, habiendo ya prorrogado el mismo

Para cada una de estas situaciones cabrá la posibilidad de seguir cotizando en España, a pesar de la regla general lex loci laboris, siempre y cuando se respeten los plazos y las formalidades pensadas para cada uno de los supuestos y según el límite de la acción protectora marcado por Ley.

Su propósito es cubrir las situaciones que no quedaron cubiertas con la anterior normativa, dispensando la acción protectora de una forma más flexible y sin duda favorable tanto para las empresas como para los trabajadores, sobre todo para aquellos colectivos que hasta ahora se encontraban desincentivados al desplazamiento, como los trabajadores más cercanos a la jubilación.

De hecho, si hasta ahora la aceptación, por parte de los trabajadores, de las ofertas empresariales que preveían un desplazamiento al extranjero, podía verse rechazada a causa de las deficiencias en el sistema de cobertura de la Seguridad Social española; ahora estos casos se verían resueltos, ya que muy a menudo estas ofertas incluyen condiciones laborales y económicas más favorables, y ya no habrá más inseguridad en cuanto a la acción protectora social.

Ahora más que nunca, es importante coordinar las actuaciones de las empresas y de los trabajadores en el ámbito del desplazamiento, para que se hagan de una forma ordenada y conjunta, y para asegurar una acción protectora efectiva.

En Audiconsultores ETL GLOBAL, disponemos de un departamento de Global Mobility que te podrá asesorar sobre el cumplimiento de tales formalidades.

Caso de Éxito: ¡Nuevo Bepi en Tarragona! ¡Exoneración de 1.430.615,40€!

Naira
Helena Poch

Área Legal

La Ley 16/2022 de 5 de septiembre, ha reformado el texto refundido de la Ley Concursal para transponer la Directiva 2019/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo del 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.

La primitiva Ley Concursal de 2003 no abordaba la insolvencia de personas físicas y carecía de remedios ante la responsabilidad universal establecida en el artículo 1911 de nuestro Código Civil; pues aun en caso de ausencia de bienes y derechos, el deudor seguía siendo responsable de pagar los créditos restantes. Fue necesario esperar la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para introducir la conclusión por liquidación interrumpida, no obstante, el concurso de personas físicas solo se aplicaba a aquellos con ingresos fijos que les permitía cumplir con un convenio. Como resultado, el fracaso del cumplimiento de dicho convenio resultaba desastroso para la persona, pues generalmente salía del proceso debiendo una cantidad mayor que antes. La Ley de Emprendedores de 2013 estableció el acuerdo extrajudicial de pagos y permitió la exoneración de deudas residuales en casos de liquidación del patrimonio del deudor que no hubiera sido declarado culpable de la insolvencia cuando cumpliera con un umbral mínimo de pago.

Finalmente, el 20 de julio de 2015 se promulgó la llamada «Ley de la Segunda Oportunidad«. Esta ley permitió que las personas físicas, a pesar de su fracaso económico, tuvieran la posibilidad de comenzar de nuevo sin arrastrar indefinidamente la carga de una deuda que nunca podrían satisfacer; pues se les permitió beneficiarse de la exoneración de deudas insatisfechas. Aunque ha habido otros cambios desde la versión del 2015, la reciente Ley 16/2022 introduce cambios en el sistema de exoneración por mérito en la Ley Concursal. Además de haberse agilizado el procedimiento a efectos económicos y de tiempo, se ha establecido como regla la obligación de demostrar la buena fe del deudor para el otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho. Aunque la Directiva no exija este requisito, sí limita la potestad legisladora de los países de la Unión que deciden imponer la carga de la prueba de buena fe: la UE establece que la carga no debe dificultar el proceso ni hacerlo más farragoso.

En nuestro ordenamiento, el concepto de buena fe se restringe al enumerar seis excepciones o requisitos que el deudor debe cumplir con el objetivo de que no se le prive de tal “beneficio”. Estos requisitos los podemos encontrar en el artículo 487 de nuestra actual Ley Concursal; requisitos, que nuestro cliente cumplía a la perfección.

En el caso que se nos presenta, el cliente, en calidad de administrador de una sociedad y con el fin de beneficiar a su empresa, avaló múltiples préstamos, leasings y pólizas de crédito. No obstante, cuando la empresa entró en concurso con una serie de deudas pendientes de pago, el administrador avalista acabó cargando con el peso de las mismas. Desde Audiconsultores ETL GLOBAL, consideramos que la mejor opción para que el cliente pudiera hacer frente a esta situación era acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, puesto que no concurrían ninguna de las excepciones que le impidieran el acceso al sistema de exoneración. Consecuentemente, a los efectos del artículo 487 del vigente Texto Refundido de la Ley Concursal en relación con el 501.3 TRLC, a nuestro cliente se le han exonerado, prácticamente, un millón y medio de euros: concretamente, nada más y nada menos que, 1.430.615,40€.

Resulta controvertido que desde que fue aprobada y publicada en el BOE en julio de 2015, la ley de segunda oportunidad ha pasado prácticamente desapercibida. Aunque no hay datos oficiales, se calcula que poco más de 12.000 personas habían iniciado los trámites para pedir la exención de sus deudas. No obstante, las cifras, dicen, se dispararon en 2018; y así ha vuelto a suceder en los últimos meses, coincidiendo con la entrada en vigor del TRLC, en los que se ha producido un goteo incesante de casos.