IAE – Devolución del impuesto pagado durante el Covid

Se acaban de publicar dos sentencias del Tribunal Supremo en que declara que las empresas de hostelería pueden reducir su cuota del IAE por el tiempo que sufrieron la paralización de su actividad durante la pandemia, sin que sea preciso ni probar en particular la paralización o cierre de la empresa, ni poner en conocimiento de la Administración tal circunstancia, pues ambas derivan directamente de la ley y se impone como consecuencia de las medidas sanitarias.

En Audiconsultores ETL GLOBAL estamos ayudando a nuestros clientes a recuperar dicho Impuesto, por lo que si necesitas más información no dudes en contactar con nosotros.

 

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Procedimiento tributario – Se eleva a 50.000 € el límite exento de garantía en aplazamientos o fraccionamientos

Según la Orden HFP/311/2023, de 28 de marzo (BOE de 31 de marzo), a partir del 15 de abril de 2023, no se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas gestionadas por la AEAT y por los órganos u organismos de la Hacienda Pública estatal cuando su importe conjunto no exceda de 50.000 euros (hasta ahora 30.000 euros) y se encuentren tanto en período voluntario como en período ejecutivo de pago, sin perjuicio del mantenimiento, en este último caso, de las trabas existentes sobre bienes y derechos del deudor en el momento de la presentación de la solicitud.

 

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IS – Impuestos soportados en el extranjero

La Dirección General de Tributos (DGT), en su consulta vinculante V2436-22 de 25 de noviembre de 2022, ha considerado que no es gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades (IS) el exceso de retención soportada en el extranjero en el caso de que la entidad que soporta la retención no realiza ninguna actividad en el territorio donde se ha practicado la retención.

El caso analizado es el de una compañía española que posee menos del 5% de acciones de varias entidades no cotizadas no residentes en España, de las que percibe dividendos que se incluyen como renta positiva en la base imponible del (IS) por su importe bruto.

Estos dividendos están sujetos a retención en origen, conforme a la legislación interna del país extranjero de residencia de cada entidad, si bien una parte de dicha retención no es objeto de deducción en la cuota íntegra del IS de la entidad consultante en tanto le resultan de aplicación los límites del art. 31.1 de la Ley del Impuesto.

Pues bien, la DGT entiende que, si bien los dividendos percibidos proceden de la realización de actividades económicas en el extranjero por parte de las entidades participadas, la entidad consultante no realiza ninguna actividad económica en el extranjero, por lo que el exceso de la parte del impuesto satisfecho en el extranjero que no sea objeto de deducción en la cuota íntegra no tendrá la consideración de gasto deducible por incumplir el requisito del apartado 2 del mencionado art. 31 de la Ley.

 

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Ley por el derecho a la vivienda

La aprobación del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda se encuentra en la última fase de tramitación, siendo previsible dicha aprobación antes de 28 de mayo de 2023, estando prevista su entrada en vigor, para el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), excepto la Disposición Final Segunda, referida a los incentivos fiscales aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los arrendamientos de viviendas, que entrará en vigor a partir del día 1 de Enero del año siguiente al de la publicación de la Ley en el BOE.

Las principales novedades de la Ley son:

– Se fija en un 50 por ciento (salvo casos excepcionales debidamente justificados) el porcentaje mínimo de reserva de suelo destinado a vivienda sujeta a algún régimen de protección pública de alquiler.

– En materia de vivienda sometida a algún régimen de protección pública se garantiza la protección por un período mínimo de 30 años.

– Se regula el procedimiento para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado con el fin poder aplicar medidas que favorezcan el acceso  a la vivienda.

– Se establece, a los efectos de la ley, la condición de gran tenedor de viviendas aplicable tanto a personas físicas como a personas jurídicas.

– Se modifica el régimen de recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en relación con los inmuebles de uso residencial desocupados.

–  Y en relación con los arrendamientos de vivienda celebrados a partir de la entrada en vigor de la Ley se establecen las siguientes modificaciones:

a) Prórroga extraordinaria a la finalización del contrato

b) Obligación de pago de la renta por medio electrónico, salvo supuestos excepcionales.

c) Limitaciones referidas al precio de la renta, renta contrato anterior e índices de precios de referencia.

d) Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador (sea o no gran tenedor).

e) Se mantiene el vigente régimen de limitación de incremento de la renta por actualización anual de la misma en el 2 por ciento para el año 2023 y en el 3 por ciento para el año 2024.

f) En cuanto a los incentivos fiscales del arrendamiento de vivienda, la reducción existente hasta la fecha en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 60% sobre el rendimiento neto pasa a ser, en términos generales, del 50%, si bien en determinados supuestos puede ser del 60%, 70% e incluso 90%.

 

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Monetización deducción I+D y pago mínimo

La Dirección General de Tributos ha confirmado, en su consulta vinculante V0308-23, de 16 de febrero de 2023, que la nueva regulación de la cuota líquida mínima positiva, aplicable a partir del ejercicio 2022, no debe perjudicar la posibilidad de aplicar por encima de los límites y/o la monetización de las deducciones por I+D+it.

Recordemos que la entrada en vigor de la nueva regulación de la cuota líquida mínima positiva había generado dudas sobre la posible continuidad de la monetización de la deducción de I+D, que permite a las compañías reembolsarse parte de las deducciones generadas por actividades de I+D+it (cash-back) cuando hay una insuficiencia de cuota del impuesto.

De este modo, los contribuyentes podrán optar por aplicar, sin límite y sin afectar al tipo mínimo de la cuota líquida positiva, la cuantía pendiente de la deducción generada, aplicando un descuento del 20 % de su importe señalado, y solicitar a la Administración tributaria el abono de la cuantía que no haya podido ser deducida por insuficiencia de cuota.

 

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Posibles efectos de la cuestión de inconstitucionalidad sobre el IP del ejercicio 2021

Como es posible que ya sepas, recientemente se ha planteado ante el Tribunal Constitucional (TC) una cuestión de inconstitucionalidad de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, planteando la posible inconstitucionalidad de las modificaciones que esta norma introdujo en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), y que, por el momento, afectan a este impuesto para los ejercicios 2021 y 2022.

La cuestión de inconstitucionalidad plantea, por una parte, una cuestión que ya es recurrente, esto es, si el IP tiene carácter confiscatorio, lo que viene prohibido por la Constitución, y si vulnera el principio de capacidad económica.

En segundo lugar, se plantea la posible inconstitucionalidad del uso de una Ley de Presupuestos, en lugar de una ley sustantiva, para regular de forma permanente este impuesto.

En este caso, la LPGE para 2021 modificó el artículo 33 de la Ley del IP. Este artículo establecía, desde la reintroducción del IP en 2011, una bonificación del 100% de la cuota íntegra del IP, que nunca fue efectiva porque su aplicación se iba posponiendo año a año, y la Disposición Derogatoria 1ª de la LPGE para 2021 derogó el artículo 33, y en consecuencia derogó la bonificación.

La cuestión de inconstitucionalidad planteada debe llevar a analizar qué consecuencias podrían derivarse si el TC finalmente declarase inconstitucional en el caso de una hipotética declaración de inconstitucionalidad de esta norma.

A este respecto, es importante tener en cuenta que en los últimos años, el TC ha limitado significativamente los efectos de aquellas sentencias que podrían tener un efecto más general.

Así, en  el caso de la Sentencia que declaró la inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (la Plusvalía Municipal), el TC no anuló todas las liquidaciones no prescritas, sino que limitó los efectos de la inconstitucionalidad a aquellas liquidaciones que hubiesen sido recurridas antes de la fecha en que el TC dictó la sentencia.

Por ello, en el supuesto que el TC declarase que la derogación del artículo 33 de la Ley del IP es inconstitucional, el significativo impacto que ello podría tener para las arcas públicas podría llevar al TC a limitar los efectos de la sentencia.

En base a estos antecedentes, para asegurar que una hipotética declaración de inconstitucionalidad produzca efectos respecto de la declaración del IP del ejercicio 2021 ya presentada, y respecto de la declaración del ejercicio 2022 (a presentar hasta el 30 de junio) sería necesario impugnar la declaración presentada antes que el TC resuelva este recurso.

No obstante, deberá analizarse en cada caso si es o no conveniente impugnar las autoliquidaciones del IP de los ejercicios 2021 y 2022 para salvaguardar sus derechos para el caso de que el TC declarase la inconstitucionalidad de la norma.

  • En nuestra opinión, parece poco probable que el TC declare ahora el carácter confiscatorio del IP y la vulneración del principio de capacidad económica, cuando ello ha sido negado de forma reiterada en la jurisprudencia del TC.
  • Más incierto resulta, a nuestro parecer, si el TC estimará o no la inconstitucionalidad de la derogación de la bonificación del 100% por la LPGE.
  • En paralelo a este análisis, debe tenerse en cuenta la impugnación de la declaración del IP de 2021 conlleva la interrupción del período de prescripción para este impuesto. Por tanto, si el TC desestimase la inconstitucionalidad de la norma, esta impugnación extendería durante más de un año el período durante el cual la Administración podrá comprobar el IP de 2021.

Por ello, consideramos que no es conveniente tomar una decisión precipitada en relación con esta cuestión, sino que, para tomar la decisión más adecuada, es necesario, en cada caso, un análisis previo de la situación.

En particular, deberá analizarse si existe algún riesgo implícito potencial derivado de la declaración presentada (como podría ser el caso si se aplicó algún beneficio fiscal en la misma, como la exención de participaciones en entidades), cuantificar el mismo y analizar en cada caso cuáles serían los posibles efectos que, en su caso, pudieran derivarse para el contribuyente.

Ante esta situación, desde Audiconsultores ETL Global hemos empezado a valorar algunos casos con el objetivo de ayudar a tomar una decisión sobre la alternativa que puede ser más conveniente para nuestros clientes.